Para la investigación, se enviaron exhortos a los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y el Vaticano, solicitando remitieran informes relativos a lo ocurrido en Turquía entre 1915 y 1923. Según la querella, la Cancillería alemana confirmó la existencia de un “plan sistemático” de aniquilación del pueblo armenio y aportó telegramas enviados por políticos y diplomáticos de ese país en el Imperio Otomano, pruebas que resultaron vitales para la causa, ya que se trataron de comunicaciones internas entre países por entonces aliados.
Los demandantes aportaron documentos estatales que habían sido retaceados a la Justicia, tales como informes secretos, cartas diplomáticas y documentos clasificados desde Armenia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Vaticano y Jerusalén.
En un caso sin precedentes, el viernes 1 de abril, el juez Oyarbide leyó la sentencia en una conferencia de prensa en Buenos Aires, donde dictaminó que el imperio otomano cometió el delito de Genocidio contra el pueblo armenio desde 1915, como consecuencia de su política de exterminio que produjo masacres y deportaciones que causaron más de un millón y medio de víctimas. Los sobrevivientes, obligados a abandonar sus territorios ancestrales, desarrollaron colonias y conforman una extensa Diáspora, dispersa entre casi cien países y su población se estima en 10 millones.
En relación a la citada decisión, se adjuntan la gacetilla de prensa, el resumen de la causa judicial y la sentencia.
Consecuente con su política negacioncita, Ankara, a través de un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, condenó la decisión de la justicia argentina.
El parlamento argentino había reconocido el genocidio armenio en 2007, al igual que Uruguay en 1965, el parlamento europeo en 1987, Francia en 2001, Canadá en 2004, Venezuela en 2005 y Suecia en 2010.
Concejo Nacional Armenio de España
5.04.2011
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